Con una mujer asesinada cada hora en la región, las mujeres están decididas a ser agentes de cambio y resistencia, y protestan por sus vidas.
Ciudad de México, 3 de diciembre (OpenDemocracy).– El 8 de marzo del año pasado, México vivió una de las mayores protestas feministas de la historia del país. Fuimos miles de mujeres y niñas las que salimos a las calles de Ciudad de México y de otras ciudades del país. Nuestras demandas eran claras: el fin de los feminicidios y el respeto a nuestros derechos humanos. Estábamos decididas a no ser silenciadas nunca más. No sabíamos que el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Pocos días después se declaró una pandemia sin precedentes, con efectos devastadores para las mujeres.
Las mujeres de las Américas saben mucho de pandemias, incluidas las pandemias de violencia, discriminación e impunidad. La campaña anual “16 días de activismo contra la violencia de género” ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, pero también de inspirarnos en la resistencia, la resiliencia, el poder y la solidaridad de los movimientos feministas y por los derechos de las mujeres más allá de las fronteras.
En todo el mundo se han producido algunos avances en relación con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Esos cambios son el resultado de la presión y los incansables esfuerzos de los movimientos por los derechos de la mujer, que se inspiran unos en otros a pesar de las grandes distancias y las diferencias contextuales entre ellos.
A lo largo de la última década, hemos visto cómo se han construido sinergias entre colectivos feministas de diferentes partes del mundo, especialmente los de América Latina y Oriente Medio y Norte de África (MENA). Tal vez porque nuestras realidades tienen más en común que lo que creemos, y porque los avances recientes, lamentablemente, no se han traducido aún en una transformación sustancial en la vida de las mujeres y las niñas.
En América Latina y el Caribe, al igual que en Oriente Medio y Norte de África, siguen existiendo muchas amenazas. Quizá las más graves sean las de la violencia patriarcal. Esta violencia sigue aumentando, especialmente contra las mujeres de comunidades históricamente marginadas que sufren múltiples formas de discriminación, como las mujeres indígenas y negras, las mujeres rurales, las trabajadoras sexuales, las lesbianas, las bisexuales y las trans, entre otras.
Hechos devastadores
Cada dos horas, una mujer es asesinada en América Latina y el Caribe. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas son inadecuadas en toda la región, mientras que las investigaciones de los casos de violencia de género -incluida la violencia doméstica, la violación, el homicidio y el feminicidio- son a menudo insuficientes o simplemente se descartan.
Uno de los países más afectados es México. Sólo en 2021, hasta finales de septiembre, se habían producido 2 mil 104 asesinatos de mujeres, de los cuales 736 fueron investigados como feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública del país.
Una investigación reciente de Amnistía Internacional ha descubierto que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sobre los feminicidios precedidos de desapariciones presentan graves deficiencias debido a la inacción y negligencia de las autoridades. En muchos casos, se pierden pruebas, no se investigan todas las líneas de investigación o no se aplica correctamente la perspectiva de género. Estas deficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan la probabilidad de que los crímenes queden impunes.
El Observatorio de Feminicidios de Colombia ha informado de 525 feminicidios durante 2021. En Guatemala, el Ministerio Público confirmó que en 2021 se denunciaron más crímenes contra mujeres y niños que nunca antes en el país, con 396 mujeres asesinadas en los primeros ocho meses del año, un aumento del 31 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.
Este año, tanto Paraguay como Puerto Rico declararon el estado de emergencia por el aumento de la violencia contra las mujeres. En Paraguay, la Defensoría del Pueblo asistió a mil 639 mujeres víctimas de violencia en el primer semestre del año, mientras que la línea SOS de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer del país registraron 4 mil469 casos de violencia doméstica en el mismo periodo.
La violencia sexual y la desaparición de mujeres y niñas se han convertido en los delitos más frecuentes y poco denunciados o investigados en toda la región, que alberga algunos de los países más restrictivos en cuanto al acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Más del 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva de América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas.
En enero, el Congreso de Honduras, país con una prohibición total del aborto, aprobó una reforma constitucional que imposibilita la despenalización del aborto en el país.
Sin embargo, esto no ocurre sólo en América Latina y el Caribe. Incluso en Estados Unidos, el derecho al aborto de las mujeres sufrió un retroceso en 2021, ya que los gobiernos estatales introdujeron más restricciones al aborto que en ningún otro año. En Texas, se promulgó una prohibición casi total del aborto, penalizando el aborto a partir de las seis semanas de embarazo, a pesar de que, en una fase tan temprana, la mayoría de las personas aún no saben que están embarazadas.
Luchas y éxitos
La COVID-19 subrayó e intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas.
La pandemia ha exacerbado las desigualdades preexistentes, los desafíos sistémicos y la violencia en toda América Latina y el Caribe. Los efectos de una crisis económica inevitable no han hecho más que exponer los problemas que las defensoras de los derechos humanos conocíamos desde hace tiempo. Los modelos de desarrollo dominantes y los sistemas económicos globales han reforzado durante mucho tiempo el racismo estructural, el patriarcado y los fundamentalismos.
Algunas de las medidas impuestas por los gobiernos de la región para hacer frente a la propagación del virus han tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres y las niñas. Los encierros, por ejemplo, provocan mayores índices de violencia de género, menor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, aumento del trabajo de cuidados no remunerado y mucho más.
¿Por qué se enfadan tanto las mujeres? Esta es una pregunta que me hacen muy a menudo, mientras asisto a reuniones con altos funcionarios del gobierno o a entrevistas con los medios de comunicación. Pues bien, los crímenes y las desigualdades descritas anteriormente son la respuesta. Pero no somos víctimas pasivas, nos hemos convertido en agentes de cambio y resistencia. Las mujeres protestan por sus vidas.
Nuestro trabajo es un reto. Nos enfrentamos a asesinatos, detenciones y ataques cada día. Pero persistimos, porque somos más necesarios que nunca
En los últimos años, incluso durante la pandemia, los movimientos de mujeres y feministas de la región han protagonizado manifestaciones masivas, no sólo reclamando las calles, sino también exigiendo cambios en la ley y la sociedad. Las protestas responden a fenómenos diferentes en cada país. Mientras que en Bolivia o Venezuela las manifestaciones han tenido un marcado carácter social y político, en México el foco han sido los feminicidios y la violencia de género contra mujeres y niñas. En Argentina, la lucha por el derecho al aborto ha convertido los pañuelos verdes en un símbolo, “la Ola Verde”, que incluso ha traspasado fronteras.
Las mujeres también están liderando las luchas por la justicia y la igualdad, incluso dentro de movimientos de protesta más amplios. Chile es el ejemplo perfecto de esta confluencia. Allí, las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 contra la subida de las tarifas del transporte público se convirtieron en una ola de indignación contra el modelo económico imperante desde la dictadura de Pinochet a finales del siglo XX.
Las protestas fueron respondidas con una violenta represión, que incluyó abusos sexuales contra las mujeres por parte de Carabineros. En ese contexto, en diciembre de ese año, el colectivo feminista Las Tesis lanzó Unvioladorentu camino, una canción-performance contra la violencia machista que se ha convertido en un himno feminista mundial.
El mismo diciembre, cientos de mujeres se reunieron en Estambul para interpretar el himno chileno, denunciando al Estado por no hacer lo suficiente para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, en Túnez, las mujeres inspiradas por el colectivo Las Tesis salieron a la calle en una protesta organizada bajo el nombre de “Falgatna”, que se traduce como “estamos hartas”.
También ha habido éxitos legislativos. El aborto fue finalmente legalizado en Argentina en diciembre de 2020 después de años de incansable campaña por parte de activistas y de la viral Ola Verde Las personas en el país pueden ahora abortar hasta las 14 semanas, y en etapas posteriores en casos de violación o riesgos para la salud. Esta ley salvará vidas: durante los últimos 30 años, los abortos inseguros han sido la principal causa de muerte materna en Argentina.
Este acontecimiento es especialmente alentador si se tiene en cuenta que, sólo 18 meses antes, los senadores argentinos rechazaron una propuesta de legalización del aborto. Fue un golpe duro, pero las feministas y las activistas por los derechos de la mujer siguieron luchando, sacando a las mujeres de todos los ámbitos a la calle, protestando en todas las ciudades del país.
A pesar de la violencia y las injusticias devastadoras a las que se enfrentan las mujeres y las niñas de la región, nosotras, las feministas, sacamos fuerzas de la pasión y la resistencia de las que hemos sido testigos por parte de activistas de todo el mundo, especialmente de las mujeres jóvenes y de las que se atreven a hablar. Su valor ante la adversidad nos demuestra que podemos crear un mundo más justo para todos.
Como vivimos en un mundo de desigualdades que se entrecruzan, causadas por fuerzas globales poderosas e interconectadas, será necesario el poder de muchos para garantizar los derechos y la dignidad de todos. Las causas estructurales de la desigualdad y la injusticia de género se sitúan desde el nivel doméstico hasta el estatal e institucional.
